Tigüino: la matanza tiene una nueva hipótesis

Diario El Comercio, edición digital.

Quito, 12 de Junio de 2003

Abogados y antropólogos expertos en la problemática indígena amazónica afirman que el Estado debe investigar los factores externos que rompieron la lógica de las comunidades y provocaron la matanza del Tigüino. Un hecho de probable "etnocidio", según la normativa internacional en materia de derechos humanos.

Mientras tanto, la Fiscalía de Pastaza ha pedido la colaboración de los dirigentes huaorani para hacer un peritaje del tipo de lanzas utilizadas durante la masacre, en el marco de la investigación judicial.

Víctor López, antropólogo del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) y catedrático de la Universidad Católica de Quito, asegura que existen indicios de que la comunidad de Tigüino mantenía, al parecer, una inmensa deuda en dinero con empresas madereras, que respondía a pagos anticipados de recursos. Señala que estas formas de relación semiesclavistas, calcadas de la producción cauchera del siglo XVIII, pueden explicar el hecho.

En Mecaro, el mes pasado, 16 indígenas taromenane fueron encontrados junto a una choza tradicional, atravesados por decenas de lanzas. Un grupo de indígenas del Tigüino, que se declaró responsable del hecho, afirmó que se trató de una venganza histórica. Sin embargo, el peritaje policial y los dirigentes indígenas huaorani no descartan que se hayan usado armas de fuego.

López afirma que existen indicios de que la forma de saldar la deuda pendiente fue limpiar el territorio del clan tagairi-taromenane, un pueblo no contactado opuesto a las actividades extractivas en la zona intangible del Yasuní.

Manifiesta que estos indicios deben ser investigados y, de ser verdad, sancionados por el Estado. Teme que las empresas madereras estén "alimentando una lógica de conflictos tradicionales" para alcanzar sus fines. El CDES es una organización que trabaja en la asesoría legal en casos de violaciones de derechos.

Por su parte, Gina Chávez, integrante de la Red de Antropología Jurídica y catedrática de Flacso, coincide en que un peritaje antropológico permitirá determinar "hasta qué punto se corrobora la versión de que los crímenes fueron una venganza, como dice la comunidad de Babe, y hasta qué punto fueron influenciados por agentes externos". Babe es el jefe del clan huaorani, que se declara autor del hecho.

Considera que el caso debe ser analizado en dos ámbitos: el procedimiento del pueblo huaorani y la jurisdicción oficial. Para el peritaje se deben recoger testimonios y analizarse los mitos, ritos y tabúes huaorani. Resulta importante saber, por ejemplo, si los ancianos autorizaron o no la matanza". El peritaje debe ser requerido por la Fiscalía.

Sobre la presencia en Quito y Guayaquil de indígenas del Tigüino que se declaran culpables de la matanza y cuyo recorrido ha sido auspiciado por el diario Extra, López asegura ese periódico no comprende las "implicaciones que puede tener ese hecho".

Pero Chávez afirma que no deben ser detenidos por la justicia ordinaria, porque la norma Constitucional obliga a respetar el derecho de las comunidades a sancionar a quienes rompieron las leyes de ese pueblo. Insiste en que la Fiscalía debe investigar y sancionar a quienes los influenciaron.

Mientras tanto, el fiscal de Pastaza, Marco Vargas, informó ayer que el viernes próximo realizará un peritaje de las lanzas usadas durante el crimen. Para ello, ha pedido la colaboración de la Onhae y de la comunidad zápara. Pretende establecer la diferencia entre las lanzas de guerra, las de caza y las artesanales.

Fuente: http://www.elcomercio.com/noticias.asp?noid=63822

 
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