Masacre de los Taromenanis

Marcelo Larrea

Adital

Quito, 5 de junio de 2003

Estaban en la selva siete cuerpos sin vida de mujeres y hombres y cinco niños enterrados por las mismos Taromenanis víctimas, para que no sean devorados por las aves de rapiña. Estaban tendidos en el suelo, atravesados por numerosas lanzas. Estaban también cartuchos de armas de fuego y pistolas, testimonio inexcusable de que fueron abaleados, huella de la presencia de la "civilización" en el crimen. Todavía no se sabe si murieron 12, 16, 22 o 30, un porcentaje altísimo de una población total estimada en 80 personas.

La masacre ocurrió el 26 de mayo, en el territorio de los Huaoranis en el Tiguino, en la zona donde viven los Tagairis y los Taromenanis, en la amazonía ecuatoriana. Ellos comparten con los Huaoranis una cultura desnuda y nómada que sobrevive desde la formación del hombre, pero, se diferenciaron de los "huaos" en las últimas décadas, porque no aceptan contacto alguno con personas ajenas a su nación. Su cultura que entre otras cualidades se caracteriza por su habilidad para hablar con los pájaros y animales, es un vestigio viviente de los orígenes de nuestra especie y como tal debe ser protegida por la humanidad entera.

Armando Boya, Presidente de la Organización de la Nacionalidad Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana (Onhae), denunció que es la primera vez que ocurre una masacre entre miembros de un mismo tronco antropológico, y responsabiliza del genocidio a las empresas madereras del sector que están buscando ampliar su intervención en el área de los Tagairis.

Algunos medios de comunicación coincidiendo con los madereros, han presentado el caso como un enfrentamiento por una venganza tribal, que tendría su origen en un incidente ocurrido en el año 1994 por el secuestro de una mujer Tagairi que produjo la muerte de un Huao.

La Onhae sostiene que la masacre es producto de la "injerencia del mundo civilizado", dominada por los intereses petroleros y madereros en la zona. El Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, dijo "quieren terminar con nuestras nacionalidades para tener paso libre en la Amazonía, para limpiar sus territorios históricos irreductibles y abrir las puertas a la explotación de sus bosques e hidrocarburos". La tala ilegal de árboles en el Tiguino, el área donde sucedió la masacre, esta expuesta en los tablones de cedro que aparecen en diversas partes y, la pretensión de ampliar la explotación de petróleo, en la construcción del cuestionado nuevo oleoducto de crudos pesados que advierte la pretensión de duplicar la extracción del aceite de piedra.

La Onhae, denunció que los madereros dieron aviso a los Huaoranis de Tiguino, del lugar donde se encontraban los Tagairis, para incitar a la matanza. Un grupo de guerreros realizó el ataque con la participación de pistoleros, lo que es evidente, porque los Huaos usan las armas de fuego exclusivamente para la caza y en el lugar se encontraron casquillos y pistolas y se estima que si se realizan las autopsias se revelarán las heridas de bala. Al parecer el mayor número de mujeres asesinadas es el resultado de su infructuosa intención de dialogar, que chocó con una extraña orden de eliminarlas, más aún porque su vida es fundamental para la reproducción y sobrevivencia de su nación.

La absoluta incapacidad de los órganos de seguridad del Estado para prevenir la masacre, siendo de su responsabilidad la protección de la vida de las personas, y su retraso prolongado en establecer los hechos, que ha permitido la descomposición de los cadáveres y la eliminación de evidencias, expone el desprecio gubernamental a culturas únicas en el mundo, en cuyo conocimiento pueden descifrarse claves fundamentales en la evolución de la sociedad humana. Y advierte, que se ciernen graves peligros, cuando además de los intereses madereros y petroleros se pretende regionalizar el Plan Colombia y transformar a la amazonía en un enclave militar estratégico.

La provincia de Pastaza, donde ocurrió la masacre, fue visitada hace pocas semanas por el Jefe del Comando Sur de EEUU, James Hill, como parte de los preparativos para el desarrollo de las políticas geoestratégicas de Washington contenidas en su Plan Colombia y en la Iniciativa Regional Andina.

La matanza ocurrida pocos días después de que el diputado indígena, Salvador Quishpe, en el Congreso Nacional fue despojado de su sombrero Saraguro, símbolo de la resistencia de su pueblo a 500 años de colonialismo, para lanzarlo al suelo en medio de la burla de los diputados socialcristianos, expone el desarrollo de un comportamiento psicopático común entre los intereses económicos y políticos, que sustituyen los principios y sentidos humanos por el culto a la ganancia.

 

 
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