Tres años de esfuerzo legislativo al tacho de basura





Gina Chávez

FLACSO, Sede Ecuador

Quito, febrero de 2003




El 8 de enero del 2003, el ex presidente, Gustavo Noboa Bejarano, remite una comunicación al Congreso Nacional Ecuatoriano, para comunicar el veto total al proyecto de "Ley de ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas" y sustenta su decisión en supuestos "principios de integridad del Estado, orden público y positivismo jurídico" aparentemente afectados con esta Ley.

Noboa asegura que en nuestro país coexisten grupos raciales cuyas diferencias no justifican tratamientos desiguales en "aspectos fundamentales que afectan al Estado", sin definir que considera como aspectos fundamentales. Dice que la igualdad ante la ley debe ser entendida en función de las "características esenciales de los ecuatorianos", sin tampoco definirlas, para justificar que no existen fundamentos para establecer "ni discriminaciones ni privilegios" en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, y otros, salvo que estén consagrados en la Constitución, como el caso de los grupos vulnerables.

La Constitución de 1998, reafirma la igualdad de sus ciudadanos, pero reconoce derechos especiales, a determinados segmentos de la sociedad que por motivos imputables (ser jubilado, ser mujer embarazada, ser niño o anciano, ser indígena o afroecuatoriano) o inimputables (condición física o mental), merecen un trato distinto, que de ninguna manera se asemeja a la discriminación o el privilegio, sino que es necesario para lograr una igualación real de derechos dentro de la sociedad en donde las diferencias no perjudican sino enriquecen la vida pública.


Hay que efectivizar la justicia social.-

La Constitución de la República no solo reconoce un trato distinto para los grupos vulnerables, sino también para los pueblos indígenas y otros grupos sociales. Este trato diferente no significa generar privilegios o discriminación sino efectivizar la justicia social de sectores que hasta ahora ha sido relegados socialmente.

Calificar de "privilegio" a normas que buscan dar a conocer a la sociedad ecuatoriana la dinámica en la que se han desarrollado por siglos los pueblos indígenas, solo habla de la ratificación de una tradicional percepción jurídica de defensa de la igualdad formal de derechos que encubre privilegios para la clase dominante, que por vía de definir políticas nacionales acorde a sus intereses, mantiene el esquema de discriminación, marginación y exclusión de la mayoría de la población.

Gustavo Noboa sostiene que el Estado ecuatoriano unitario e indivisible no puede ser afectado por una Ley como esta, que lo expondría a su desintegración al aceptarse la existencia de verdaderos Estados dentro del unitario.


Interpretación maliciosa y racista de Noboa.-

En el caso ecuatoriano, las demandas de territorio, autogobierno y reconocimiento como pueblos se acercan más a aspiraciones autonómicas dentro de la estructura del Estado y no de separatismo, como interpreta maliciosamente el presidente Noboa en el veto, así como todos aquellos quienes no terminan de admitir que es posible una convivencia cultural, social, económica y política sin que medie la disgregación, sumisión o eliminación del otro, del diferente.

En el texto, sin embargo, aparecen las verdades de fondo. No es razonable, dice, entregar decisiones sobre el patrimonio forestal, la biodiversidad, el ordenamiento territorial o la administración de la riqueza nacional a un grupo de ciudadanos.

Para el ex presidente es inadmisible que los indígenas puedan sostener un criterio y una visión diferente acerca del manejo de recursos o la administración de la riqueza nacional localizada dentro de sus tierras y territorios. Para los empresarios forestales, mineros, hidrocarburíferos, para las multinacionales de investigación de la biodiversidad es inaceptable que un grupo de indios tenga siquiera la remota posibilidad de establecer límites al ingreso de sus tierras para preservar sus valores culturales, o de demandar que se incluyan criterios de orden cultural en la toma de decisiones públicas. Esta es la verdadera razón, puesto que de buena fuente se sabe de las fuertes presiones que hicieron estos sectores para que el presidente asuma el veto total a la Ley.

Entre sus últimos argumentos está el que no cree probable que los pueblos indios tengan conocimientos o costumbres ancestrales en temas como contratos de explotación, fideicomiso, manejo de propiedad intelectual, normas contables, contratos escritos en general y otras instituciones de reciente data. Este sarcasmo termina demostrando una vez más, el desprecio profundo del ex Presidente Noboa a lo diverso, expresa un ancestral racismo y un gran desconocimiento de los temas de la sociedad profunda.

Una combinación de ignorancia constitucional, racismo encubierto, hegemonía cultural, canibalismo político que reedita una vez más la política de supremacía cultural que busca igualar a los indígenas y negros a la cultura blanco-mestiza y no construir un país pluricultural y multiétnico como manda la Constitución, se ve reflejado en el veto total al proyecto de Ley en mención.


Dra. Gina Chávez V.

Investigadora sobre los sistemas de Derecho de los pueblos Shuar/Achuar, Kichwas de Pastaza y Afroecuatorianos.

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO, Sede Ecuador)






 
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