Las dos caras de las petroleras





Antonio Cerrillo

Diario La Vanguardia

Barcelona, 11 de febrero de 2003




Las extracciones que generan conflictos ambientales y sociales conviven con la inversión en energías renovables.


Las empresas petroleras han empezado en los últimos años a diversificar su actividad y a proyectar su mejor imagen. ¿Reconversión sincera? ¿Lavado de imagen? Shell y BP han hecho su apuesta también por las energías renovables. Pero aún se suceden los conflictos sociales y ambientales entre este tipo de compañías y la población local.

Ecuador es un ejemplo de todo ello. “En Ecuador, la explotación petrolera ha supuesto la pérdida de numerosas culturas indígenas; nos ha traído la muerte de personas y animales por contaminación, enfermedades como el cáncer a causa de los desechos tóxicos y daños irrecuperables en nuestra biodiversidad”, explica José Quenamá, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, resumiendo la experiencia de la explotación petrolífera en su país. En Ecuador, las aguas salinas y sucias de la perforación así como lodos residuales y sustancias tóxicas procedentes de la explotación petrolera se han acumulado en balsas a cielo abierto junto a los viejos yacimientos, hasta convertirse en un foco que ha envenenado ríos, pozos de abastecimiento y la agricultura. “Las aguas residuales contaminadas muchas veces no se reinyectan en la tierra. Se producen continuos derrames y eso ha dado lugar a lesiones en la piel, casos de cánceres y lesiones digestivas”, ratifica Adolfo Maldonado, un médico español que trabaja para Acción Ecológica, que ha recopilado decenas de estremecedores testimonios de familias destruidas por estos problemas (www.accionecologica.org). Marc Gavaldà, licenciado en Ciencias Ambientales, ha escrito “La recolonización” (de próxima publicación en Icaria), que resume el tétrico panorama de esta explotación en América del Sur.

El conflicto más grave se ha producido con Texaco, contra quien los grupos indígenas y campesinos promovieron en 1993 una demanda para reclamar 1.000 millones de dólares por los daños ambientales ocasionados durante 28 años de explotación (hasta que Texaco dejó el país en 1991). Los denunciantes acusan a la petrolera de haber arrojado al medio ambiente millones de toneladas de crudo en derrames del oleoducto transecuatoriano, así como toneladas de agua de producción y desechos tóxicos, utilizando una tecnología muy contaminante. Texaco extrajo 1.500 millones de barriles de crudo en 339 pozos que ocupaban 440.000 hectáreas en Sucumbíos y Orellana (Amazonia).

La explotación se hizo en zonas habitadas por indígenas, cuya colonización les privó de sus tierras. La admisión en EE.UU. de demanda contra Texaco, presentada en la Corte de Nueva York, fue rechazada hace unas semanas por los jueces, que han decidido que el caso debe verse en Ecuador. Texaco, mientras tanto, aduce que se ha ajustado al marco legal fijado por los gobiernos de Ecuador, con los que se pactó un plan de limpieza.

Todos estos precedentes explican la oposición en Ecuador a la construcción del oleoducto de crudos pesados (OCP), un proyecto que impulsan siete compañías internacionales para llevar el petróleo desde la zona oriental hasta el Pacífico (Esmeraldas). El oleoducto –un tubo de 503 kilómetros que transportará 450.000 barriles (1 barril = 158,9 l) al día– está en construcción, pero no cesa la oposición, porque se teme que se extienda la explotación en zonas protegidas o inalteradas de la Amazonia en donde viven indígenas quichua, shuar y achuar.

Entre los promotores del OCP se cuentran E-Cana, Repsol-YPF, Pérez Companc y Occidental. “Nos oponemos a nuevas explotaciones porque no hay un marco jurídico que garantice nuestros derechos y que se consultará a los pueblos. Queremos saber qué ingresos van al Estado y qué parte va a las poblaciones”, explica Quenamá,

Los opositores al OCP dicen que el anterior gobierno ecuatoriano aprobó la ruta de conducto antes de que se aprobara el estudio de impacto ambiental y sin participación real de los afectados. El oleoducto atravesará la reserva de la Selva de las Nubes Mindo Nambillo, santuario para 450 especies de aves, así como 94 fallas y zonas de volcanes, por todo lo cual se ha pedido que los bancos europeos frenen la financiación del proyecto. A todo esto, Repsol subraya que el oleoducto tiene licencia ambiental y que se hicieron estudios sobre alternativas de las mejores rutas y que en sus explotaciones (parque Yasuni) las aguas se reinyectan en el suelo. Los conflictos con los ogonis (Nigeria), los u'wa (Colombia) o mapuches (Argentina) son sólo tres más de la larga lista de litigios entre petroleras y poblaciones indígenas.







 
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