Beatriz Sánchez, LOT, L'Observatori de Transnacionals

Octubre de 2002



Historia de la deuda externa ecuatoriana.-

Ecuador ha estado ha estado presionado por el endeudamiento externo desde su nacimiento (para librar las guerras de la independencia de España, la Gran Colombia , de la que Ecuador formaba parte se endeudó. Cuando la Gran Colombia se disolvió cada país integrante asumió parte de la deuda y parte de los materiales del armamento que se había adquirido. La deuda de la independencia se acabaría de pagar en los años 70!)

A principios de siglo Ecuador se endeudó por 17.289.816 dolares màs para la construcción del ferrocarril. Una empresa inglesa, compraría el ferrocarril en acciones por 12.000.000 dólares, (primer gran negocio privatizador relacionado con la deuda externa).

Pero fue en los 70 , la época del boom petrolero, el crédito entró a Ecuador masivamente tanto al sector público como al privado.

Con la crisis regional de la deuda (aumento de los tipos de interes internacionales, bajada del precio de los productos básicos, recesiòn mundial, México declara la moratoria) y ante la insostenibilidad de la deuda ecuatoriana, en 1982 se dio una renegociación, y el Estado sucretizó tanto la deuda pública como la deuda privada. Las deudas se habían contraído en dólares, pero en un marco de continuas devaluaciones del sucre la deuda era cada vez más difícil de pagar. La sucretización de la deuda privada quiere decir que el Estado asumió las pérdidas por tipo de cambio de las empresas y bancos que tenían deudas con el exterior, y eso que algunas de estas deudas privadas eran ficticias (por ejemplo cuando una filial en Ecuador tiene una deuda contable con la casa matriz).

En 1995 hubo otra renegociación (Plan Brady). Se canjearon 4454 mill $ de principal y 2615 mill $ de intereses por 5925 mill$ en bonos Brady, es decir, que se redujo la cantidad a pagar por deuda en 1144 mill $, pero los intereses se convirtieron en capital de bonos, sobre el que se pagan intereses.

La última renegociación fue en el 2000, después de que Ecuador declaró una moratoria de la deuda debido a una traumática crisis financiera (hubo congelación de depósitos, parte de los cuales aun hoy dia no se han devuelto). En esta renegociación se transformaron los activos historicamente impagables - los Bonos Brady (5925 mill$), los Eurobonos (500 mill $) y los intereses acumulados y no pagados (183 mill $) en 3950 mill $ de bonos globales. Los tenedores de los bonos aceptaron este menor valor a cambio de garantías de cobro. (con posibilidad de embargo de las exportaciones de Ecuador en caso de impago).

Actualmente la deuda externa total es de +- 11100 mill $ de deuda pùblica y 4500 mill $ de deuda privada. En el 2001 a pagos de deuda fue el 43% del presupuesto del gobierno, frente a un 20% en gasto social.

Deuda y PAEs La continua crisis de presupuesto que la deuda provoca es, como para toda America Latina, lo que el FMI usa para obligar a el gobierno de Ecuador a tomar las medidas económicas neoliberales a cuyos efectos negativos tantas vueltas se les ha dado ante la indiferencia de Washington.

El hecho de que la marca de aprobación del FMI sea requisito para que entren al país otras inversiones extranjeras, y el consenso sobre la necesidad de llegar al desarrollo a través de la inversión extranjera que tanto conviene a los intereses de las transnacionales, hacen que en Ecuador los deseos del Fondo sean órdenes.

Este chantaje institucionalizado es un atentado contra la soberanía de los pueblos, ya que en las débiles democracias de America Latina lo que determina las políticas de los partidos no es la voluntad popular, o la percepción que de ella pueda tener un partido político, sino los designios del fondo y sus cartas de intención.

Deuda y oleoducto Recientemente se empezó a construir el megaproyecto OCP (oleoducto de crudos pesados). Un oleoducto que cruza Ecuador de este a oeste, desde la amazonìa hasta el Pacifico cruzando los Andes. Ecuador ya cuenta con un oleoducto, el SOTE, pero parece que no es suficiente.

Estas obras están a cargo de un consorcio privado de transnacionales, entre ellas Repsol YPF, que pese a sus recientes conflictos con el gobierno ecuatoriano[1] está operando en el país, consciente de los enormes beneficios que puede extraer de su subsuelo.

Para lograr el consentimiento a su proyecto el consorcio OCP ha hecho gran publicidad de las compensaciones que dará a las comunidades de los lugares por los que el oleoducto pasará y los beneficios que supondrá en cuanto a generación de empleo[2].

Diversas organizaciones ecuatorianas e internacionales se oponen a la construcción del oleoducto, en base a la debilidad de los estudios de impacto ambiental, las irregularidades en la asignación de las obras, el enorme daño medioambiental y social que causará la expansión de la frontera de explotación petrolera y la crítica a un modelo económico dependiente y extractivo de recursos (dossier completo sobre la campaña de resistencia a la construcción del OCP en www.accionecologica.org/petroleo11.htm)

El OCP es la prioridad política en el gobierno del presidente Noboa (quien ha declarado que “el oleoducto va porque va”), asique ante las intervenciones de los grupos nacionales e internacionales que se oponen al oleoducto el presidente del país dijo (entre otras cosas) que son majaderos que tratan de impedir el progreso y el desarrollo del país. Veamos. Recientemente (2 de Junio 2002), como parte de las intenciones para el FMI, se ha aprobado la Ley de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia fiscal, por la cual el gobierno compromete por ley el destino de los ingresos que obtendría en el futuro por el petróleo extra que saque a través del Oleoducto de Crudos Pesados. El 70% va a recompra de bonos globales, el 20% a la constitución de un fondo de estabilización y emergencia (para que ningún desastre o la bajada del precio del petróleo desestabilice el presupuesto y comprometa el pago de la deuda), y el 10% a gasto social. Al FMI estos porcentajes no le parecen totalmente satisfactorios y se está discutiendo en el congreso aumentar del 70 al 80% (a costa del 10% para gasto social).

La consecuencia financiera de la ley de transparencia fiscal, es que se está anunciando que con el dinero del oleoducto se van a recomprar los bonos globales. Con esta medida los bonos subirán de valor, porque son una inversión segura; tienen todas las garantías de que se les va a pagar a costa de la sangre sudor, lagrimas y medioambiente de los ecuatorianos. Es interesante pensar que si todos los países deudores se negaran a sacrificar su medio ambiente o a sus pueblos para pagar los bonos de la deuda externa, éstos bajarían drásticamente de valor, hasta alcanzar su valor moral (= cero). También hay una ley en Ecuador que dice que el 30% de los ingresos del PGE tienen que ir a educación, ¿qué ley se quiere hacer cumplir?.

El oleoducto servirá para pagar la deuda y en definitiva, el pueblo ecuatoriano no va a ganar gran cosa. Oponerse al proyecto es oponerse al desarrollo y al progreso.... de las cuentas bancarias de los de siempre.

Por el contrario el pueblo ecuatoriano va a perder la riqueza de ecosistemas que no tienen precio, va a enfrentar daños ambientales, va a profundizar la dependencia de su economía, va a perder sus reservas de petróleo con lo que esto implicará para su futuro y va a dar mas gasolina al planeta para recibir más desastres “naturales” intensos debido al cambio climático .

La imagen de Repsol en un proyecto que se aprovecha del sometimiento a la deuda de un país latinoamericano y la complicidad de las élites domésticas e internacionales para hacer dinero a costa del patrimonio ecológico de la humanidad y el sufrimiento ajeno está empezando a ser familiar.

Si a Repsol le interesara lo más mínimo el bienestar del pueblo ecuatoriano (como tanto pregona en su imagen de paladín del desarrollo) no estaría dando compensaciones absurdas por la destrucción de su futuro, no estarìa aprovechando su débil posición negociadora y la corrupción de sus èlites para obtener facilidades para sus operaciones y no se estarìa valiendo para hacer negocios de un orden internacional injusto que protege los derechos de las transnacionales por encima de los de los pueblos.


Notas:

[1] Recientemente Repsol y otras petroleras transnacionales que operan en Ecuador estàn en conflicto con el gobierno porque exigen que se les devuelva parte del IVA (uno de los pocos impuestos que pagan por operar). Sobre esto el representante de Repsol en el Ecuador hizo unas declaraciones en las que decía que en Ecuador los juicios son como las subastas, que gana el que más paga (dijo esto, claro, porque en este tema en concreto no ha ganado Repsol aún), y se ha visto sepultado en críticas por ello. Uno se pregunta de donde le viene esta impresión sobre el sistema judicial. El conflicto està en punto muerto y parece que se va a someter a arbitraje internacional.

[2] Página web de OCP “la construcción y operación del Oleoducto de Crudos Pesados demandará la participación de alrededor de 7.000 personas que serán contratadas para labores relacionadas directamente con la construcción del oleoducto. Según datos del Centro de Estudios y Análisis de la Cámara de Comercio de Quito, se calcula que por cada una de estas plazas de trabajo directo se generarán unas 10 plazas indirectas en donde se estarán creando miles de puestos de trabajo adicionales durante los próximos años”. Teniendo en cuenta que se planea acabar las obras en menos de dos años esta no parece la solución definitiva al problema del empleo en Ecuador. En cuanto a las compensaciones en ningun caso contemplan la reparación de posibles daños ecológicos o a la salud, la desigualdad de poderes en las negociaciones es evidente y el proceso de adjudicaciones esta bajo sospechas de corrupción.