Inmigrantes estrictamente controlados en el Norte





Kintto Lucas

International Press Service

Quito, 13 de septiembre de 2002




La cruzada contra el terrorismo desatada tras los atentados de hace un año en Nueva York y Washington incrementó la persecución contra emigrantes latinoamericanos en Estados Unidos y Europa, advirtieron organizaciones humanitarias.

"Hace un año, decenas de latinoamericanos que trabajaban en el World Trade Center de Nueva York murieron bajo los escombros y hoy otros emigrantes son víctimas de la deportación por no poseer papeles o por intentar radicarse en el Norte", señaló en un comunicado la Asociación de Emigrantes Ecuador Llactacaru.

Datos de la policía indican que en lo que va del año ya fueron detenidos en América Central o en México unos 12.000 ecuatorianos que pretendían llegar a Estados Unidos, mientras que el año pasado habían sido 7.000 los apresados.

Para muchos ecuatorianos lograr el "sueño americano" implica un viaje de seis meses, en condiciones muy precarias y sometidos a vejaciones, extorsiones y explotaciones, aseguró el embajador de Quito en México, Gustavo Vega Delgado, ex rector de la Universidad de Cuenca.

Los traficantes de personas, llamados "coyotes", cobran hasta 8.000 dólares por guiar a los emigrantes sin los documentos necesarios para radicarse en Estados Unidos, con el agravante que desde el 11 de septiembre de 2001 las posibilidades de pasar la frontera méxico-estadounidense se han reducido de modo drástico.

Pero la situación que afrontan los emigrantes latinoamericanos en Europa occidental tampoco difiere demasiado de los que ocurre en Estados Unidos, como lo indica la deportación en los últimos dos meses de más de 150 ecuatorianos desde España e Italia.

Llactacaru y otras organizaciones de inmigrantes de Ecuador y Colombia denunciaron la puesta en marcha de la llamada Operación Ludeco, un plan de seguridad vigente desde octubre de 2001 para controlar a los inmigrantes en esos dos países europeos.

El delegado del gobierno español para la Inmigración y Extranjería, Enrique Fernández Miranda, señaló hace tres meses a Radio Televisión Española que era necesario incrementar la lucha contra la inmigración ilegal, porque estaba causando daño a su país.

Fernández Miranda arguyó que la presencia de "células dormidas del terrorismo fundamentalista", la creciente ola de delincuencia "protagonizada por ciudadanos extranjeros" y el "cada vez más acuciante" problema de la prostitución eran lo nuevos frentes de la lucha contra la inmigración ilegal.

La Operación Ludeco persigue frenar el incremento de actos delictivos perpetrados por "grupos criminales o individuos procedentes de Ecuador y Colombia, agregó.

Las actuaciones en el marco de ese operativo implican, entre otras, la identificación, detención provisional y "fichado policial" de los inmigrantes ecuatorianos y colombianos en España e Italia que sean considerados sospechosos de ser delincuentes.

"Este proceder indiscriminado supone la persecución y el hostigamiento de un amplio colectivo social solamente en función de su aspecto físico y su país de procedencia, lo cual constituye un clarísimo caso de xenofobia y racismo, a la par que vulnera derechos humanos fundamentales como la "presunción de inocencia" y el derecho a la libertad, apuntó Ecuador Llactacaru.

Esa organización de emigrantes también apuntó que, en principio, "ese tipo de hostigamiento está dirigido contra colombianos y ecuatorianos, aunque nada hace pensar que dicha práctica no se haga extensible en el futuro" a cualquier persona o colectivo "diferente" o considerado "problemático".

El plan ha creado gran preocupación en especial entre los trabajadores ecuatorianos y colombianos que se desempeñan en áreas agrícolas de España, ya que los furgones en que son trasladados a sus tareas son frecuentemente interceptados.

En tanto en Italia, bares, mercados, parques y hasta escuelas son blanco de policías uniformados y de civil que se han dado a la "caza" de quienes tienen aspecto latinoamericano, según comentaron varios emigrantes a una radio de Quito.

"Tenemos miedo hasta de salir a la calle a comprar cualquier cosa', dijo Rosa Cárdenas, una emigrante de la meridional provincia ecuatoriana de Azuay.

Estudios realizados en Ecuador calculan que unos 600.000 ciudadanos de este país se han radicado en Nueva York, 60.000 en Washington, 100.000 en Chicago y otros 100.000 en Los Angeles, mientras que en España viven más de 350.000.

En Estados Unidos, más de 150 organizaciones de la sociedad civil comenzaron una movilización para proteger las libertades de estadounidenses y de residentes extranjeros de eventuales excesos de la "guerra antiterrorista" iniciada por el gobierno de George W. Bush tras los atentados en Nueva York y Washington.

La alianza estadounidense "En defensa de la libertad", que reúne grupos de tendencia izquierdista y derechista y hasta una asociación de defensa del derecho a la posesión y porte de armas, criticó un proyecto de ley que endurece la política relativa a los inmigrantes.

Mientras, en la III Conferencia Sudamericana de Migraciones, realizada en agosto en Quito, se presentó un plan regional para afrontar el fenómeno del flujo de emigraciones en la región y hacia el Norte industrializado y lanzó una campaña contra el tráfico de personas en América del Sur.

El canadiense Brunson McKinley, director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organizadora del evento, reclamó el respeto a los derechos humanos de los inmigrantes más desprotegidos luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos.

El director de la OIM aseguró que esa protección "sólo se puede lograr con políticas consensuadas" entre los gobiernos de los países de origen de los inmigrantes y de las naciones receptoras.

McKinley se quejó de las trabas que muchas veces interponen los países industrializados para el libre flujo de personas desde el mundo en desarrollo, que se vieron aumentadas después de los atentados que destruyeron las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, la sede del Departamento de Estado, en Washington.

"Aún queda mucho camino para lograr que los seres humanos disfruten de la libre movilidad, que el mundo globalizado parece haber concedido a los productos comerciales", puntualizó.

Agregó que es necesario cambiar la percepción de las inmigraciones como un problema o "peor aún como una amenaza de una parte del mundo hacia otra".







 
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