24 de abril de 2002

Fuente: Diario La Jornada, México



Presentes, las organizaciones campesino-indígenas más importantes de la región: la CCP de Perú, FENSUAGRO de Colombia, CONAIE y FENOCIN de Ecuador y CIOEC de Bolivia. No asisten las venezolanas por el intento golpista en su patria.

Para fijar su postura ante el ALCA, proyecto comercial estrella de George W. Bush, las organizaciones campesinas y de la sociedad civil del área parten del análisis de otras experiencias y de la propia en dos aspectos: libre comercio y planes bilaterales de algunos países con Estados Unidos.

Las organizaciones de México exponen su experiencia luego de ocho años del TLCAN: desde 1997 el país ha importado más de 50 millones de toneladas de granos básicos. En 2001 importamos más de 6 millones de toneladas de maíz, un tercio de las cuales fue transgénico. Nuestra dependencia alimentaria del extranjero se eleva a 95 por ciento en semillas oleaginosas, 50 por ciento en arroz, 40 por ciento en carne, 25 por ciento en maíz y 20 por ciento en leche.

Hasta los empresarios del Consejo Nacional Agropecuario reconocen los terribles resultados del tratado para productores de granos, oleaginosas y cárnicos. En los últimos tres años, el precio de los granos básicos ha bajado 50 por ciento y el de insumos para la agricultura se ha incrementado entre 40 y 50 por ciento.

¿Resultados?, mayor empobrecimiento en el campo: dos tercios de los 25 millones de habitantes del agro y migración de 500 mil personas al año.

Se podría pensar que en el Mercosur, por no estar presente Estados Unidos, las cosas marchan mejor. No es así. La mayor parte de los agricultores de las feracísimas y bien irrigadas pampas uruguayas no son viables, así como 80 por ciento de los productores de los países mercosurianos. A pesar de contar con un hato de 50 millones de ovinos y 10 millones de bovinos, Uruguay importa ahora más de la mitad de sus alimentos. Las trasnacionales brasileñas están haciendo su agosto. Señala el representante de los agricultores familiares organizados: "Por buscar el mercado internacional, terminamos perdiendo el interno". Y como para subrayar lo anterior, al día siguiente de la exposición, una manifestación de 100 mil personas, la mayoría agricultores, estremece Montevideo protestando contra la política económica del gobierno de Batlle.

En Argentina, antiguo "granero del mundo", había un modelo que funcionaba: se integraban agricultura y ganadería, sin necesidad de agroquímicos agresivos para el fértil suelo de la pampa húmeda. Por todas partes había pequeñas empresas locales que daban valor agregado a los productos agrícolas.

Pero desde los años 80 las trasnacionales promueven el cultivo de soya, hasta llegar a producir 10 millones de toneladas anuales. Se introduce un paquete agroquímico con alto contenido de glifosato que contamina suelos, corrientes, espejos de agua, ganado y personas. Se rompe el modelo de integración, quiebran las empresas agroindustriales. Es el fin de la soberanía alimentaria argentina.

Se abandonan 114 mil explotaciones con una superficie que puede llegar hasta 10 millones de hectáreas. Esta crisis agroalimentaria es un factor importantísimo de la crisis económica que estalla en diciembre pasado.

Los campesinos bolivianos exponen su experiencia con el Plan Dignidad, negociado por Estados Unidos con los países andinos. Agobiados por el consumo de cocaína, los estadunidenses proponen sustituir la siembra de la coca -cultivo tradicional- por otros como mango, café y yuca, para combatir el narcotráfico.

Fracaso total: ninguna rentabilidad de los cultivos alternativos. Corrupción gubernamental en el manejo de los subsidios. Hambruna de los agricultores.

El Plan Colombia, impuesto por el gobierno de Clinton a ese país, ha significado la militarización de ese territorio y el establecimiento de la base estadunidense en Manta. La devastación de los cultivos y de la masa vegetal de muchas zonas con agroquímicos defoliadores, con el pretexto de desterrar la coca. Mayor empobrecimiento y más violencia en el campo colombiano.

Con estos antecedentes, nadie quiere el ALCA. No es la vía para la vida digna de las familias campesinas, la soberanía alimentaria, la independencia política ni para la conservación del medio ambiente. Es necesario promover otro modelo agrícola basado en la potenciación de los aportes de las agriculturas campesinas y familiares. De un lado a otro de los Andes, por acá se clama: "No queremos el ALCA, otra agricultura es posible".