Declaración de Derechos Indígenas: Escasa voluntad política de los Estados





Ginebra, 12 de febrero de 2002

Servicio Informativo ALAI-AMLATINA




El séptimo período de sesiones del Grupo de trabajo encargado de discutir un proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas concluyó sin consensos sobre aspectos importantes como derechos colectivos, tierra, recursos naturales, protección de lugares sagrados, prevención del etnocidio y genocidio cultural, desplazamientos forzados e indemnizaciones.

"Yo veo que en muchos Estados no hay disposición para aprobar la resolución tal y conforme fue aprobada por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías en 1994, proyecto respaldado por los indígenas y que sirve de base para las discusiones", dice el dirigente indígena mexicano Marcelino Díaz, representante de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, ANIPA.

"Los Estados objetan todos los artículos y nosotros nos hemos cansado de decir que hace falta voluntad política", agrega Díaz. En los últimos siete años se han acordado solo dos de los 45 artículos del proyecto de Declaración. Si ésta llega a aprobarse, no sería jurídicamente obligatoria para los Estados, pero en cambio tendría una fuerza ética considerable y constituiría un marco internacional favorable para impulsar las demandas de los pueblos indígenas del mundo que sufren formas extremas de discriminación y pobreza.

En el séptimo período de sesiones, llevado a cabo del 28 de enero hasta el 8 de febrero, participaron 339 personas que representaban a 44 gobiernos, 3 organismos especializados y 78 organizaciones indígenas y organizaciones no gubernamentales. La delegación del gobierno de México, por presión de las organizaciones indígenas, se pronunció abiertamente por la adopción del texto de 1994. Guatemala mantuvo también una posición favorable a los indígenas, junto con los países nórdicos. Sin embargo, poderosos países pusieron objeciones al Proyecto, entre ellos Estados Unidos, Francia, Australia, Canadá, China, India y Japón.

Durante la primera semana, que estuvo presidida por el presidenterelator del Grupo, el peruano Luis Enrique Chávez, hubo una situación tensa entre Estados y representantes indígenas debido a una reunión unilateral celebrada por los Estados en octubre de 2001 en la que estos últimos, sin participación indígena, elaboraron un documento alternativo a los artículos 6,7,8, 9 y 10 del Proyecto de declaración. Varios indígenas señalaron que este procedimiento es poco democrático, agregando que el documento producido por los gobiernos dificulta las negociaciones ya que no identifica a los países responsables de los textos.

La última semana de trabajos, presidida por el vicepresidente del Grupo, el ecuatoriano José Valencia, se discutieron los temas en sesiones plenarias, colocando fuera del horario de trabajo las sesiones informales de los gobiernos. "Aunque ha sido menos tensa la relación entre los Estados y las organizaciones indígenas, lo triste es que no hemos llegado a consensos y no hemos concretado nada", señaló la indígena peruana Tarzila Rivera, co-presidenta del Caucus indígena, quien, por otro lado, lamentó la ausencia de representaciones indígenas de Ecuador, Chile, Argentina y Brasil.


Los derechos colectivos

Durante las reuniones, entre otros, se debatió el artículo 6 del Proyecto de Declaración que señala: "los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y a gozar de plenas garantías contra el genocidio o cualquier otro acto de violencia, comprendida la separación de los niños indígenas de sus familias y comunidades, con cualquier pretexto. Además tienen derechos individuales a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad de las personas".

Mientras unos gobiernos se mostraron partidarios de adoptar el artículo como está redactado actualmente, otros cuestionaron los "nuevos" derechos humanos, en particular "los derechos colectivos", como "el derecho colectivo" a vivir en libertad, paz y seguridad. No faltaron tampoco Estados que señalaron que la expresión "pueblos distintos" es poco clara y manifestaron que la expresión "integridad mental" no es un término definido en el derecho internacional.

Los representantes indígenas apoyaron firmemente el artículo 6, indicando que el documento presentado por los Estados constituye "una compilación arbitraria y poco sistemática de los instrumentos de los derechos humanos ya existentes". Agregaron que todos los Estados deben "reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ya que la Declaración pretende ser un antídoto a la realidad pasada en la que los pueblos indígenas fueron sometidos a asimilación forzada, integración y negación de sus derechos a determinar su propia forma de vida y su destino como naciones / pueblos".

El indígena mexicano Marcelino Díaz manifestó a ALAI que los Estados quieren reconocer siempre derechos individuales y no colectivos, pero "los derechos individuales ya están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y lo que estamos buscando con esta Declaración son los derechos específicos de los pueblos indígenas".



Eduardo Tamayo G., Servicio Informativo ALAI-AMLATINA






 
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