Santiago de Chile, 21 de diciembre de 2001

Alicia Sánchez, Inter Press Service (IPS)



Organizaciones de la Sociedad Civil de trece países de América Latina constituyeron el primer observatorio de control interamericano de los derechos de los migrantes.


El organismo, pionero en América Latina, recopilará información, realizará acciones legales y educativas e interpelará a los gobiernos respecto a la defensa de los derechos de los migrantes latinoamericanos, declaró a IPS Diego Carrasco, Secretario Técnico del Capítulo Chile Ciudadanía.

La iniciativa se concretó en el Seminario Internacional "Globalización de la Ciudadanía", realizado por ONG, el programa de Naciones Unidaspara el Desarrollo (PNUD) y la Organización Internacional de los Migrantes.

A la conferencia asistieron expertos y activistas de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, para considerar el tema y elaborar una propuesta de cambios en la legislación.

Carrasco señaló que este organismo sería la contrapartida de un observatorio integrado por los gobiernos que se constituirá en Quito en mayo próximo.

Un estudio sobre la emigración ecuatoriana hacia España, elaborado por el experto Patricio Benalcázar y presentado en el seminario, indica que "la globalización económica demanda violentamente la apertura de los mercados, de los capitales y de la tecnología, pero cierra las oportunidades para el libre traslado de las personas". La emigración "del Sur al Norte" sólo la admiten los países industrializados "hasta el límite de sus propios intereses", según el informe.

Esta situación se agravado después de los atentados del 11 de septiembre contra los Estados Unidos, según Roberto Garretón, asesor regional para América Latina y el Caribe del Alto Comisionado de las Naciones Unidades por los Derechos Humanos.

"En algunos países se ha comenzado a responsabilizar de los hechos a los migrantes. Una falta migratoria se ha convertido ahora en motivo suficiente para una detención", explicó Garretón.

Harvey Suárez, subdirector de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento en Colombia, señaló que "la lucha antiterrorista planteada en términos de intervención militar formula grandes retos en el ámbito de la defensa de los derechos humanos, en especial los económicos, sociales y culturales". "En el caso colombiano, esta nueva retórica del terrorismo universal como nuevo enemigo resulta funcional para la implantación de medidas de mano dura", añadió.

En su estudio "La migración forzosa en Colombia", Suárez señala que la guerra y los intereses políticomilitares de los actores armados no son la única ni la principal causa del desplazamiento forzoso y la búsqueda de refugio en los países armados.

"La globalización excluyente ha acelerado la migración forzosa. Territorialidades y formas de gobernabilidad medianamente ajenas al conflicto interno fueron incluidas en el mapa geoestratégico de los actores armados y en el de poderosísimos intereses transnacionales legales e ilegales", explicó Suárez. El documento advierte que el desplazamiento forzoso desbordará Colombia durante el 2001, constituyendo la cifra más alta de las últimas dos décadas.

"Entre enero y septiembre, alrededor de 277.927 personas fueron expulsadas de sus casas y de su trabajo por grupos paramiliates y guerrilleros, sin que el Estado evitara esta sistemática y masiva violación de los derechos humanos", indica el informe. Tampoco los guerrilleros y paramilitares han "respondido a la exigencia nacional e internacional de respetar la población civil en el marco del derecho humanitario", agregó.

Cada año, millones de personas en América Latina dejan sus países de origen en busca de mejores condiciones de vida. Estos movimientos migratorios se transforman en xenofobia o discriminación, si su entrada no va acompañada de una política realista y mancomunada entre la sociedad civil, el Estado y el resto de ciudadanos, según coincidieron activistas y expertos.

En Chile, por ejemplo, "se ha permitod una inmigración salvaje o espontánea. No se ha aplicado una política de migración determinada, teniendo los instrumentos legales para hacerlo", señala un estudio elaborado por Juan Domingo Milos, de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

"No es admisible bajo ningún concepto que flujos tan importantes de personas no dispongan de un tratamiento especial y se les deje abandonados a la legislación común", agrega el informe, que concentra la atención en los derechos económicos, sociales y culturales de los inmigrantes peruanos y bolivianos en Chile.

Más que una postura hostil del gobierno chileno hacia los inmigrantes, es un reflejo de un fenómeno más grande relacionado con la crisis económica internacional, la falta de decisiones estratégicas que causan efectos sociales, finalmente asumidos por organismos humanitarios y no gubernamentales, añade. Según el estudio, en Chile viven, de manera legal o clandestina, entre 40.000 y 60.000 peruanos. En 1998, cuando se hizo el último estudio al respecto, se calculaba en 9.377 la cantidad de bolivianos que disponían de residencia definitiva en este país.

"Si bien no hay actitudes graves de xenofobia, existe claramente discriminación contra estos inmigrantes, especialmente en lo relacionado con sus derechos económicos y sociales, como el acceso y condiciones de trabajo, acceso a la vivienda y derecho a la salud, indica el documento.

De otro lado, también se producen efectos en los países de salida. Es el caso de Ecuador, dónde sólo a España han emigrado más de 150.000 personas desde mediados de los años 90. El estudio "Ecuador: pasaporte hacia España", presentado en Santiago, advierte que "la salida masiva de ecuatorianos deja pueblos enteros desolados, ancianos que caminan con la esperanza del retorno, niños y niñas y jóvenes sin padres". Según esta investigación, el 36 por ciento de los hogares ecuatorianos manifestó en 1999 que al menos uno de sus miembros había cambiado de domicilio o salido del país para encontrar trabajo.

El estudio revela que la migración de los ecuatorianos en España tuvo como característica esencial "el traslado de mujeres como punta de lanza para facilitar el traslado posterior de los hombres y otros familiares, que cubrían las demandas de servicio doméstico que casi estaban extinguidas en España".