31 de Enero de 2001.

Kintto Lucas.


Todo comenzó un martes 15 de febrero de 2000, a las 10 de la mañana de Washington. Ese día, en la sede del subcomité de Justicia Criminal, Política de Drogas y Recursos Humanos del Congreso de Estados Unidos, fueron convocados algunos ciudadanos estadounidenses para defender la necesidad de implementar el Plan Colombia. Los encargados de esa defensa fueron Lawrence Meriage, vicepresidente de la transnacional petrolera Occidental Oil and Gas Corporation; Ana María Salazar del Departamento de Defensa norteamericano; Ted McNamara y Morris Busby, ex embajadores de Estados Unidos en Colombia; William Ledwith, jefe de operaciones internacionales de la Drug Enforcement Administration (DEA); el general Charles Wilhelm, jefe del Comando Sur de Estados Unidos hasta octubre d e 2000; y el general Barry McCaffrey, Director de la Oficina Nacional de Drogas, más conocido como "zar" de la lucha antidrogas.

Aunque en realidad todo se inicio un mes antes, cuando el presidente de Estados Unidos, William Clinton presentó ante el Congreso de su país la "Propuesta de ayuda de EE.UU. para el Plan Colombia". El correr de los meses demostró que el combate a las drogas era solo la punta del iceberg, ahora el iceberg ya está encima... Diversos sectores políticos y sociales de Ecuador y Colombia temen que el conflicto colombiano se extienda al territorio ecuatoriano y se produzca una guerra aérea similar a la que vivió Kosovo en 1999.

El temor surge de la implementación de este Plan, un paquete de ayuda económica internacional de 7.500 millones de dólares, que estaría destinado al combate del narcotráfico en Colombia y podría atrapar a Estados Unidos en un ''Vietnam sudamericano'', como lo señalan analistas estadounidenses. En un comienzo el paquete estaba formado por 4.000 millones de dólares del gobierno colombiano, 1.573 millones del gobierno norteamericano, 1.000 prometidos por la Unión Europea (UE) y el resto se completaría con el apoyo de organismos internacionales. Sin embargo, la UE declinó participar porque se pone mucho énfasis en el aspecto militar. Entonces el resto del aporte internacional llegará de Japón, Noruega, España, Naciones y Unidas y varios organismos de crédito. Citando un documento del Departamento de Estado, el diario El Colombiano de la ciudad de Medellín aseguró en junio de 2000 que el presidente de Colombia Andrés Pastrana ''vendió'' su proyecto del Plan Colombia como una estrategia de paz, cuando el debate sobre el tema en el Congreso estadounidense demuestra que las tres cuartas partes de los recursos serían utilizados para la guerra. De cada 1.000 dólares de la ayuda de Estados Unidos, 700 serán destinados a la cooperación militar. El presidente de la Comisión de Asignaciones del Senado norteamericano, el republicano Ted Stevens, preguntó ''¿quién intervendrácuando esto explote?'', y pidió que le aseguraran que Colombia ''no es Vietnam de nuevo''. Charles Wilhelm, un veterano de la guerra de Vietnam, se apresuró a señalar que la participación en el país sudamericano no será igual y que no se transformará en un "pantano bélico" para Estados Unidos. El Plan propone militarizar la erradicación de las plantaciones de coca desplazando de ese papel a la policía; fortalecer el sistema judicial colombiano mediante la capacitación de cuerpos técnicos de investigación para mejorar el castigo a los sectores involucrados con la coca; neutralizar las finanzas de los narcotraficantes y la guerrilla mediante el decomiso de activos; incorporar medidas antisecuestro y combatir a los aliados de los narcotraficantes que para esos efectos sería la guerrilla y los agricultores cocaleros; realizar operativos conjuntos entre Colombia y Estados Unidos, y compartir datos de inteligencia con agencias de seguridad de otros países.

La meta hasta el año 2005 es reducir en un 50 por ciento, el cultivo, procesamiento y distribución de la coca colombiana, apostando a fumigaciones masivas en las zonas cocaleras. Además propone la implementación de planes de desarrollo alternativo en las áreas afectadas por la erradicación de cultivos, aunque no queda claro como se puede cultivar mientras se mantengan las fumigaciones masivas que obligarán a desplazamientos forzados de los campesinos. También contiene algunos puntos acerca de la protección a los derechos humanos que, a pedido del presidente norteamericano Bill Clinton, a la hora de entregar su partida Estados Unidos no los tuvo en cuenta, lo que el subsecretario de defensa para operaciones especiales, Bryan Sheridan justificó afirmando que "la ayuda en sí perdería eficacia si se agregan condiciones para garantizar el respeto a los derechos humanos por parte de los militares... podría inhibirse o reducir la eficacia general". Para algunos analistas este plan pone de manifiesto que cada vez está más lejos una posible ''solución pacífica para el conflicto colombiano'' y que el proceso de paz que abrió una esperanza en la mayoría de la población está muy deteriorado. De hecho, desde septiembre de 2000 y por el momento se han suspendido las conversaciones que venían desarrollando el gobierno y la guerrilla. De esa forma, el principal objetivo anunciado por el presidente Andrés Pastrana al asumir su gobierno en agosto de 1998, estaría fracasando. Desde junio de 2000 el gobierno colombiano, apoyado por Estados Unidos parece prepararse para un desenlace de impredecibles consecuencias que podría involucrar a los países vecinos.

El analista Robert White, en un artículo del diario Washington Post aseguró que la asistencia militar masiva a Colombia podría empeorar la guerra interna de ese país y producir un nuevo Vietnam. White señaló que el presidente Bill Clinton no ha explicado en forma coherente qué se negocia en Colombia. También criticó el hecho de que uno de los componentes más importantes de la primera fase del Plan, titulada "Golpe en el sur de Colombia", sea la solicitud de 600 millones de dólares para entrenar a dos batallones especiales en contra del narcotráfico y dotarles de 30 helicópteros Black Hawk y 33 helicópteros Huey, para que puedan tener acceso a las remotas selvas productoras de coca. Según White, la ayuda económica que Estados Unidos entregará a Colombia mediante el Plan podría ser más efectiva en la construcción de haciendas productivas, mercados y carreteras. Un experto en estrategia militar ecuatoriano que prefirió mantener el anonimato aseguró que está descartada una intervención norteamericana por tierra porque costaría muchas víctimas al propio ejército estadounidense, al colombiano y sus posibles aliados peruanos y ecuatorianos. Sin embargo, el esquema planteado por Estados Unidos demuestra que lo que no está descartado es una guerra ''aérea'' como la de la OTAN contra Yugoslavia. ''Una guerra por aire desde las bases norteamericanas en países vecinos y desde el mar, donde los aviones y los misiles tengan un importante papel como en Kosovo, parece ser la salida a la que apunta Estados Unidos y para la que trabaja el propio gobierno colombiano'', arguyó la fuente. Para eso sería indispensable una base militar a una distancia prudente del teatro de operaciones como la que el gobierno ecuatoriano cedió a Estados Unidos en Manta, y toda la logística necesaria en las cercanías del lugar, lo que se estaría adecuando desde la base de Tres Esquinas, en el departamento colombiano del Caquetá, y otras bases en Ecuador y Perú ubicadas en la Amazonía.

Para este experto militar, conocedor de la frontera ecuatoriano-colombiana, la posibilidad de una guerra de este estilo, se estaría confirmando con el fomento de un éxodo masivo de la población desde las zonas afectadas hacia Ecuador. ''En Yugoslavia se demostró que los misiles no solo van hacia los objetivos militares sino también hacia la población civil, por lo tanto es mejor retirar la población cercana a los objetivos con antelación, y así disminuir el riesgo sobre los civiles que puede provocar un costo político catastrófico'', señaló la fuente. Según el experto militar, el éxodo de colombianos desde las zonas fronterizas hacia Ecuador, que se inició en los primeros meses de 2000, es solamente un síntoma de lo que puede ocurrir. ''El retiro de la población civil podría significar un aislamiento para las guerrillas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y una posibilidad mayor de que sus tropas sean detectadas y aniquiladas por una tecnología de guerra similar a la empleada en Yugoslavia'', señaló. ¿Cómo se promueve ese éxodo masivo? En las zona bajo el control de las FARC con las fumigaciones a las plantaciones de coca para terminar con la base social de ese movimiento guerrillero. Mientras que en las que se ubica el ELN mediante matanzas masivas de campesinos por parte de los grupos paramilitares. El propio ministro de Defensa de Ecuador, Hugo Unda, aseguró que cuando se intensifique el combate al narcotráfico con el Plan Colombia, se puede dar un desplazamiento de miles de refugiados colombianos hacia Ecuador, además de narcotraficantes y guerrilleros.

La fuente militar consultada también aseguró que la denominada zonas de despeje, en la que se llevan a cabo las conversaciones de paz entre las FARC y el gobierno colombiano ''es parte del mismo plan para determinar claramente territorios guerrilleros''. ''Las conversaciones son parte del propio esquema militar para ganar tiempo'', enfatizó. El análisis del militar plantea la interrogante sobre si realmente se produjo un cambio en la posición del gobierno colombiano, que en un comienzo aseguró su apuesta a la paz, o todo ha sido parte de una estrategia concertada con Estados Unidos desde un inicio. Para el experto es una pregunta de difícil respuesta, aunque cree que ''el apoyo abierto y el reconocimiento norteamericano al gobierno de Pastrana por su lucha antidrogas, certificación mediante, no es gratis''. ''Son solo conjeturas, pero algún secreto acuerdo parecen tener el Departamento de Estado y el gobierno colombiano actual, que no se pudo implementar con el anterior presidente (Ernesto Samper, 1994-1998)'', subrayó. Pero las prácticas utilizadas en los Balcanes no se limitan a la guerra aérea, el informante también asegura que ya estarían actuando en Colombia mercenarios internacionales expertos en guerra de alta tecnología como los que montaron todo el aparato de comunicaciones para inteligencia en Croacia y apoyaron a este país en su conflicto con Serbia. "No son los mercenarios antiguos tipo Rambo, aunque algo de eso les quede. Son soldados especializados en alta tecnología que incluso muchos de ellos se pueden contratar en empresas de seguridad internacionales que ofrecen sus servicios por Internet", señaló. Corporate Soldiers, Military Proffessional Resources, Inc. (más conocida como MPRI) y The US Special Forces son algunas de esas empresas que contratan soldados profesionales para enviarlos a distintas partes del mundo como Benin, Ghana, Malavi, Mali, Senegal, Uganda, y ahora a Colombia. National Defense Concil Foundation es otra de las compañías de reclutamiento, con oficinas en Fairfax, Virginia. Pero es Dyn Corp la más conocida, y tiene siempre disponibles hasta 30 pilotos veteranos de guerra para enviarlos donde lo soliciten. Según la fuente militar mencionada, ésta compañía es la que trabajó en Croacia y Kosovo y ahora opera en Colombia. Para muestra un botón. El 15 de agosto de 2000, en un hospital de Florencia, capital del departamento de Caquetá, murió el mercenario norteamericano Michael A. Demons, de 34 años, quien había llegado gravemente herido desde la base militar de Tres Esquinas luego de combates con la guerrilla de las FARC. Demons, que fue sepultado el 30 de agosto como "mártir de la democracia" en Massachusetts, había llegado a Colombia en abril de 2000, contratado por Dyn Corp como asesor militar del ejército colombiano. Para la fuente ese tipo de "paramilitares postmodernos" tienen la capacidad de rastrear objetivos para secuestrar o atacar, como helicópteros o campamentos guerrilleros, y además realizar la acción. "Hace un par de meses tuve la oportunidad de tener contacto con uno de estos jóvenes mercenarios de 27 años que había trabajado en la guerra de Yugoslavia, era italiano y me decía que ahora iban a requerir los servicios de gente especializada como él para el Plan Colombia, con buena paga", dijo. Sin embargo tanto el gobierno colombiano como el estadounidense niegan que el Plan sea parte de una salida bélica para el conflicto. Altos funcionarios y militares estadounidenses, como Barry McCaffrey, han descartado sistemáticamente una posible intervención militar directa de los Estados Unidos en Colombia.

Voceros del Departamento de Estado norteamericano, aseguraron que la idea es combatir al narcotráfico, y "no a la guerrilla". Además señalaron que Estados Unidos solo da apoyo logístico, entrenamiento y equipos a las Fuerzas Armadas colombianas, lo que para muchos dista de la verdad porque la mayoría de la ayuda destinada a Colombia es para tecnología y armamento de combate destinados a Tres Esquinas. Esta unidad militar casi inaccesible está ubicada al sur de Colombia, en medio de 77 mil hectáreas de cultivo de coca. Sus instalaciones, habitadas por 10.000 efectivos del ejército y la Policía Antinarcóticos, tienen los más modernos equipos de inteligencia, tecnología de punta y comunicaciones instaladas por militares estadounidenses. Tres Esquinas fue cuestionada por la institución humanitaria Human Rights Watch, por su estrecha vinculación a grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, dirigidas por Carlos Castaño. La denominada Enmienda Leahy de 1997, prohibe al gobierno de Estados Unidos asistir financiera y militarmente a Fuerzas Armadas que estén involucradas en violaciones de los derechos humanos lo que, sin embargo, no fue tenido en cuenta a la hora de brindar ayuda económica para iniciar el Plan Colombia. Human Rights mostró pruebas de que el ejército colombiano no ha cortado sus lazos con los paramilitares, al contrario de lo que afirman los jefes de las Fuerzas Armadas de ese país. La organización humanitaria acusó a quienes dirigen la base Tres Esquinas de entregar armas, uniformes y datos de inteligencia a un grupo paramilitar que se formó en el Valle del Cauca. Tras el informe, varios senadores estadounidenses cuestionaron el aumento de la ayuda militar a Colombia si el Plan no incluía estrictas condiciones de que los militares que violen los derechos humanos o ayuden a los paramilitares no sean enjuiciados por tribunales militares sino civiles. El vicepresidente colombiano, Gustavo Bell, encargado de la política de defensa y promoción de las garantías fundamentales, reconoció que la situación de los derechos humanos en su país es ''delicada'' y la política para mejorarla es todavía ''insuficiente''. El presidente Andrés Pastrana aseguró que los militares que estén involucrados en el apoyo a paramilitares serían enjuiciados, lo que sonó a una simple declaración si se tiene en cuenta que los mandos del ejército siguen sin reconocer ese apoyo. También Pastrana aseguró que la matanza de seis niños en Pueblo Rico, departamento de Antioquia, en agosto de 2000 por parte del ejército no quedaría impune, pero luego de permanecer detenidos por unas semanas, los militares implicados fueron absueltos por un tribunal militar. La denuncia de Human Rights sobre la connivencia entre militares y paras solo retrasó algunas semanas la ayuda norteamericana, pero el presidente Bill Clinton se las ingenió para que finalmente se apruebe. Al firmar un "waiver" (excepción) a Colombia en la defensa de los derechos humanos antes de reunirse con Andrés Pastrana en Cartagena el 30 de agosto de 2000, Clinton dijo que seguía muy preocupado por los derechos humanos, pero antepuso una razón suprema: "El interés para la seguridad nacional" de Estados Unidos.

Jorge Rojas, director de la Consultoría para el Desplazamiento Forzado y los Derechos Humanos (CODHES) con sede en Bogotá, aseguró que la ayuda de Estados Unidos no resolverá el problema del narcotráfico, sino que profundizará y trasladará el conflicto a otras regiones de la Amazonía colombiana e incluso a los países vecinos. ''Esta ayuda ampliará la crisis humanitaria del desplazamiento forzado, aumentando el número de refugiados, afectará directamente a Perú y Ecuador que pueden ser involucrados en el conflicto, y producirá un impacto irreversible sobre el medio ambiente'', sentenció Rojas. Sin embargo, cree que todavía hay posibilidad de revertir esa realidad y "evitar una conflagración en Colombia". CODHES, es una organización colombiana que trabaja hace nueve años con los desplazados por la violencia e integra junto a otras cien organizaciones sociales y no gubernamentales la red Paz Colombia que intenta informar a las autoridades latinoamericanas de los peligros que encierra el Plan Colombia.

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Kintto Lucas

Escritor y periodista uruguayo
Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí 1990
Corresponsal en Quito de la Agencia de Noticias Inter Press Service