Movimiento de Documentalistas
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2003
Al Señor Presidente de la Nación, Dr. Néstor Kirchner
Al Señor Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Lic. Daniel Filmus
Aborrezco a las deudas más que a los españoles. (...) lo bueno que hiciéramos por la nación no serviría de nada si aceptábamos la deuda, porque seguiríamos pagando réditos por los siglos de los siglos. Ahora lo vemos claro: la deuda terminará derrotándonos.
Simón Bolívar
Los abajo firmantes –docentes, pedagogos e investigadores de la educación de distintas trayectorias profesionales y diversos orígenes ideológicos y políticos– nos dirigimos a Uds. profundamente preocupados por la propuesta, formulada en ámbitos internacionales, de negociar con los organismos acreedores el canje de un porcentaje de los intereses de la deuda externa argentina por inversiones en educación y conocimiento.
En teoría, se trataría de resolver dos enormes problemas: el de la deuda externa, achicándola; y el del financiamiento de la educación y la investigación científico-tecnológica, asignándoles más recursos. Sin embargo, al unir dos cuestiones de tan diferente naturaleza y magnitud, ambas resultarán agravadas. Lo que, aparentemente, sería un gesto generoso del FMI, del BID o del Banco Mundial oculta los intereses económicos y políticos que lo inspiran.
Canjear deuda por educación y conocimiento significa:
- reconocer la legitimidad de la deuda, la que está firmemente cuestionada por el reclamo popular avalado por investigaciones económicas suficientemente fundamentadas;
- renunciar a la denuncia de su carácter fraudulento, tal cual fue establecido por la sentencia (13 de julio de 2000) del Juez en lo Criminal y Correccional Federal Dr. Jorge Luis Ballestero en el juicio (Causa No. 14467) que iniciara en 1982 y continuara con patriótico empeño Alejandro Olmos;
- abandonar la convicción de que la deuda ya fue ampliamente saldada por los intereses usurarios que se han ido abonando;
- posibilitar la injerencia de los organismos internacionales en la decisión de nuestras políticas educativas; ¿o acaso puede suponerse que ese canje se haría sin condicionamientos y permitiendo a nuestro gobierno desarrollar estrategias político-pedagógicas en forma soberana?;
- continuar y profundizar la aplicación de políticas neoliberales en materia educativa, iniciada en la década menemista, que pretendieron introducir mecanismos de mercado en el sistema público, mediante la ejecución de proyectos y programas convenidos con el Banco Mundial y el BID por parte del Ministerio de Educación, contrayendo préstamos que, paradójicamente, engrosaron la deuda externa, en un monto que el pueblo argentino aún desconoce;
- mantener los dramáticos efectos –de los que son corresponsables tales proyectos y programas– de la autodenominada transformación educativa realizada por aplicación de la Ley Federal de Educación (1993) y de la Ley de Educación Superior (1995) que, lejos de resolver las deficiencias de nuestro sistema educativo tradicional, las agudizaron y crearon nuevas: la desestructuración del sistema, la ruptura de la unidad nacional educativa, la descalificación del rol docente, la agudización de la brecha educacional entre provincias y sectores sociales, la pérdida de la función educadora de la escuela, la profundización de las desigualdades, la imposibilidad de apropiación de conocimientos por nuestros chicos y jóvenes, la ausencia de contenidos nacionales, el abandono de orientaciones relevantes para el país, etc.;
- desconocer los resultados perversos que tiene en otros países (Costa Rica, Ecuador, Perú, Filipinas, Indonesia) el canje de deuda por naturaleza –¿será éste el modelo para el de deuda por educación?– en los que una entidad internacional o una ONG compra bonos de deuda en el mercado secundario con un fuerte descuento y luego los cambia en el banco oficial a un precio mucho mayor; esos fondos son luego utilizados por la ONG –y no por el gobierno– para iniciativas particulares de defensa del medio ambiente; de esta forma, aumenta la deuda global ya que se eleva la cotización de los bonos y, además, los entes acreedores exigen, a cambio, menos plazo para la cancelación de la deuda total;
- desechar la experiencia de los países en que se ha canjeado "deuda por inversiones en desarrollo" (Bolivia, Perú, Ecuador, Nigeria), donde éstos debieron acreditar un historial de reformas estructurales y sociales exigido por el FMI y someterse al monitoreo de su cumplimiento, aún cuando los fondos se destinaran a ayuda para la pobreza (Bolivia);
- aceptar la idea –que no es nueva– de la creación de un mercado educativo para inversionistas externos, tal cual reclama el Banco Mundial para los eufemísticamente llamados países en vías de desarrollo;
- reiterar el mecanismo de estafa para el fisco y de brillante negocio para los inversores que significó la privatización de los servicios públicos, cuando se compraron bonos al 20% del valor real –e, incluso, a cifras mucho menores– y el gobierno de entonces los reconoció al 100% para la compra de varias empresas;
- insistir, de aplicarse tal modelo, en el método de programas y proyectos, según los principios de la gestión empresaria, al margen del sistema educativo concreto y de sus problemas reales, con los cuestionados criterios de los organismos internacionales y ahora a cargo de ONGs con supuesto prestigio y desde las cuales se contratan expertos, técnicos y asesores o se compran insumos –en especial, tecnológico dependientes (computadoras)– y materiales;
- excluir expresamente la infraestructura y los salarios docentes, dos problemas centrales de política educativa y de justicia intrínseca, ya que los fondos obtenidos por el canje no serían utilizados en tales rubros, sino en mejorar la calidad educativa, concepto ambiguo y confuso, como si no influyeran en ella ambas variables;
- ignorar que, aunque sea la prestigiosa UNESCO quien oriente tal canje, ésta ha sido influida en la última década por el discurso economicista del Banco Mundial y, con el reciente reingreso a su seno de Estados Unidos, este país ejercerá en ella su indudable influencia;
- olvidar que la falta de recursos suficientes para la educación y la investigación científico-tecnológica se debe, precisamente, a que éstos se destinaron al pago de la deuda y, durante varios años, el monto pagado anualmente (aproximadamente quince mil millones de dólares/pesos) superó ampliamente el presupuesto educativo total (alrededor de doce mil millones de dólares/pesos) de la nación y las provincias para igual período;
- postergar el logro definitivo de un financiamiento de la educación genuino y permanente que no debe ser otro que la inversión del Estado a partir de una redistribución de las cargas impositivas para que tributen más los que más tienen y la creación de un fondo especial con asignaciones específicas.
Señor Presidente, Señor Ministro: formulamos estas observaciones con el afán de que la gran esperanza que su gobierno ha sabido despertar en nuestro pueblo no se vea frustrada por decisiones apresuradas e inconsultas. Por ello, les solicitamos:
- su apoyo al proyecto de ley que varios diputados nacionales de diversos partidos han presentado para constituir una comisión bicameral de análisis y auditoría sobre la legitimidad o ilegitimidad de la deuda;
- retiren la referencia a representantes de nuestros acreedores del Proyecto Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 2004, elaborado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que, en el Punto VII, tercer párrafo, dice: ... destinar un determinado porcentaje de los intereses de la deuda externa (del orden del 1% del monto total anual pagado en concepto de servicios de la deuda) a conformar un Fondo Fiduciario, administrado en conjunto por nuestro país y representantes de nuestros acreedores. Desde este Fondo se financiarán proyectos de inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva;
- se abstengan de proponer el canje de deuda por educación y conocimiento en foros multinacionales y adviertan a países hermanos las previsibles consecuencias de ese proceso;
- destinen a un fondo especial educativo, como decisión soberana y no negociada, una porción significativa y suficiente del monto previsto para el pago de los intereses de la deuda en los próximos años.
La deuda externa y el financiamiento de la educación y la investigación científico-tecnológica son dos escollos inconmensurables para nuestro crecimiento y democratización. Para ambos existen soluciones que defienden el interés nacional.
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